Finalmente, y luego de varias promesas, en este atípico 2020 el presidente Alberto Fernández envió el proyecto de ley para analizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), recuperando los “consensos básicos” de las organizaciones que impulsan la legalización del aborto y con énfasis “vinculado a la salud pública”, en referencia a que “el aborto clandestino en Argentina es un enorme problema», según describió la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, a principios de mes. Quienes venimos investigando y generando acciones para establecer el tema del aborto como tema transversal de la ESI partimos de una certeza: el aborto es un derecho. En nuestro país, en algunos casos todavía no está reconocido como tal, además de ser un tema conflictivo y que genera desacuerdos dentro del sistema educativo, pero somos conscientes que recibir la información adecuada y científica al respecto es un derecho de las y los estudiantes y que brindarles esa información, es a la vez derecho y obligación de cada docente. ¿Por qué? Porque la falta de información obstaculiza el ejercicio pleno de los derechos que tienen niñeces y adolescentes, además de provocar naturalización de conceptos tales como “niñas madres”; “maternidad obligada”; “embarazos no deseados o no buscados”; “instinto maternal”; “si te gustó hacete cargo”, frases que, muchas veces, encubren situaciones de abusos sexuales o violencias intrafamiliares.

Por María Inés Alvarado*

No es menos casual que una mayoría de docentes tengan miedo de tratar el tema del aborto en sus aulas con diversas excusas: que trabajan en instituciones religiosas confesionales, que las problemáticas relacionadas con la prevención de embarazos no deseados, o de salud sexual y reproductiva, no representan un contenido curricular de las materias del área, que no tienen experiencia o conocimiento sobre el tema, y algunas más. Pero si hablamos de derechos ¿Cuáles les negamos si no hablamos de aborto en la escuela? Repasemos…

La ley 26061 (Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y adolescentes) dice, entre otras cosas, que niñeces y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, que atienda a su desarrollo integral, y que además fortalezca los valores de solidaridad y el respeto por los derechos humanos. Además, pone énfasis en que los Organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta alcanzar el goce de una vida plena y digna, obligando a profesionales de la educación a garantizar el ejercicio pleno de estos derechos. También expresa que tienen derecho a que se les escuche y que se guarde confidencialidad frente a aquellos aspectos que sean pertinentes a su vida íntima, así como es necesario que se les brinde información acerca de temas que pueden resultar inherentes a la toma de decisiones en forma autónoma con respecto a temas vinculados con su salud. Recordemos, que, para la OMS, el concepto de salud integral incluye el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, dentro del cual se incluye la salud sexual y reproductiva.

La interrupción legal del embarazo es un contenido curricular dentro de la ESI, que debe darse de forma explícita (en el área de Ciencias Naturales del Nivel Secundario), y de manera implícita, en tanto contenido de los Derechos Humanos, tema transversal a varias asignaturas. El artículo 86 del Código Penal establece que hay cuatro situaciones donde la interrupción del embarazo está permitida y las mismas tienen que ver, en muchos casos, con violaciones a la integridad de niñeces y adolescentes, porque un embarazo producto de una violación o abuso  representa un peligro para su salud física, psíquica y emocional. O sea, casos que la ley denomina ILE (Interrupción Legal del Embarazo) ó ANP (Aborto No Punible). Esto significa que existen causales para que una mujer o persona con capacidad de gestar pida en un hospital por una interrupción legal de embarazo amparándose de forma directa en los derechos existentes, según explica el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en su cuadernillo Derechos Sexuales y Reproductivos. Hacemos campaña por nuestros derechos.

También puede pasar que llegue al aula -o nos contacte por redes- una estudiante embarazada o asustada frente a una relación sexual sin protección que implique riesgo de embarazo. Ya sea que la información llegue de manera directa o a través de otras personas o situaciones, lo primero que se recomienda hacer es establecer un diálogo que genere escucha atenta, respetuosa y no invasiva. La Guía para docentes, elaborada por la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito explica de forma detallada como generar un clima de confianza, para poder acompañar este proceso, basado en los artículos 10 y 24 de la Ley 26.061 (Derecho a la vida privada y Derecho a opinar y a ser oído, respectivamente). De esta manera podemos abordar múltiples situaciones e identificar si el embarazo es producto de una relación consentida, de una violación, de un abuso sexual producido dentro del ámbito familiar, o dentro de la misma pareja.

Es por esto que se hace necesario que cada docente busque herramientas para abordar la temática cuando esta se presenta como emergente en el aula; pero, al mismo tiempo, planificar su tratamiento en forma transversal, en relación a otros contenidos como por ejemplo: La construcción de una ciudadanía crítica, participativa, responsable y comprometida; el respeto por los derechos propios y ajenos; el desarrollo de una actitud comprometida con el cuidado individual y de sus pares en temas relacionados con la sexualidad; las relaciones igualitarias, respetuosas y responsables entre varones y mujeres; la reflexión y el análisis crítico de la información producida y difundida por los medios de comunicación específicamente aquella que afectan la participación de mujeres y varones en diferentes espacios y procesos sociales; el conocimiento y la aceptación de las normas que involucran la propia integridad física y psíquica en el ámbito de las relaciones afectivas y sexuales; el reconocimiento de la diferencia entre ética y moral y su relación con el campo de la sexualidad; el análisis de casos en relación a temas vinculados al cuidado responsable y las violencias hacia las mujeres y otras sexualidades no hegemónicas; el tratamiento de las leyes de consentimiento informado acerca de los ANP y las que brindan protección a sus derechos; entre otros.

Es hora de entender que la sexualidad no es una cuestión de salud ni de reproducción ni de religiosidad ni de moral ni de intimidad familiar. La sexualidad trasciende todas esas características porque tiene que ver con lo más íntimo de las personas, con lo que nos mueve a actuar, con el placer y las elecciones personales. También es fundamental considerar que niñeces, adolescentes y jóvenes son sujetos de derecho y no una población en riesgo. Por lo tanto, tienen derecho a diseñar su propio proyecto de vida y a llevarlo a cabo de manera autónoma, y para eso es preciso aplicar el concepto INTEGRAL que forma parte de la ESI (Educación Sexual Integral) con respeto a la inviolabilidad y dignidad de cada cual. Esto trasciende lo genital y lo exclusivamente biológico para incluir aspectos que tienen que ver con lo social, lo normativo, lo afectivo, las relaciones interpersonales, el poder y la igualdad de géneros.

Es urgente hablar de aborto en las escuelas. Por año, en Argentina nacen entre 2500 y 3000 bebés de niñas que tienen de 10 a 14 años, que fueron víctimas de abusos y no eligieron ser “mamás”. «La mayoría de los casos son embarazos forzados, la cara más cruel del embarazo no intencional. Tenemos que tomar dimensión de esta realidad en toda su crueldad y asumir las responsabilidades que corresponden», señaló Silvina Ramos, socióloga y coordinadora técnica del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) en un artículo de hace dos años publicado en el diario La Nación. «Cada bebé que nace de una niña madre muestra un sistema de protección de derechos que falló una y otra vez», asegura Eleonor Faur, doctora en Ciencias Sociales, en el mismo artículo. «Lo primero que hay que hacer es prevenir, por ejemplo, con educación sexual integral (ESI), y cuando el sistema falla, proteger los derechos de esa nena, para quien no tiene nada de natural ser madre«, y a quien le han vulnerado la infancia, por no haber tenido acceso al conocimiento sobre sus derechos al haberles negado Educación Sexual Integral.

La ESI es un contenido curricular obligatorio, transversal a todas las asignaturas y hablar de aborto en las aulas es ayudar a las nuevas generaciones a deconstruir prácticas sociales que obstaculizan el pleno derecho a decidir sobre sus cuerpos. No podemos dejar pasar este momento. Nadie puede quedar afuera de este acontecer histórico. Más allá de las discusiones y de las diferentes maneras de ver que cada cual pueda tener, el aborto debe ser tratado como un tema transversal en todos los espacios educativos.

(*) Docente, comunicadora, columnista de Diario Digital Femenino
co-directora de La ESI en juego