Hoy es un día festivo. La marea verde copó calles y plazas y sentó un nuevo precedente en el camino hacia los derechos. Ayer en el aniversario número 72 de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la palabra Derechos fue protagonista de los discursos en la Cámara Baja de nuestro país. También, cuando se cumplían 37 años de la Restauración de la Democracia en nuestro país, cuando de la mano de Raúl Alfonsín se restituía en Argentina el Estado de Derecho y asomaba nuevamente la Democracia como forma de gobierno, vivimos una jornada histórica de debates y posicionamiento político. Hoy tenemos la posibilidad de celebrar el primer paso en el camino hacia un nuevo derecho conquistado: El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.

Por María Inés Alvarado*

Si bien ya pasamos por esto hace dos años, hoy con 131 votos a favor, 117 rechazos y 6 abstenciones como dictamen final de cámara tras largas horas de debate diputados y diputadas aprobaron el proyecto de ley IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) y debaten sobre el Plan de los 1000 días, que establece la asistencia del Estado a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad durante el embarazo y los primeros dos años de vida.

“A ninguna mujer le gusta tomar la decisión de abortar”; “Nadie quiere matar a una persona” son frases que se escuchan durante el debate y llevan a pensar, reflexionar ¿qué se vota? ¿Cuál es el verdadero sentido de este debate? ¿Qué implica pensar en este acontecimiento como una cuestión de derechos? ¿Qué derechos lleva implícito el poder decidir sobre nuestros cuerpos? Lo resumo en cuatro ítems:

En primer lugar, porque la decisión de tener hijos, cuando y con quien es uno de los derechos sexuales y reproductivos amparados en Argentina, por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, según Ley Nacional N.º 25.673 la cual reconoce que el Derecho a la Salud comprende la Salud Sexual y que ésta incluye la posibilidad de desarrollar una vida sexual gratificante y sin coerción, así como prevenir embarazos no planificados.

En segundo lugar, porque  la Organización Mundial de la Salud (OMS), describe en la Guía Mi Cuerpo, mis derechos publicada por Amnistía Internacional, que cada año se practican aproximadamente 22 millones de abortos inseguros, el 98 por ciento de los cuales tienen lugar en los países en desarrollo, causando la muerte de alrededor de 47.000 mujeres, y discapacidad de 5 millones más, lo que representa un 13 por ciento de muertes maternas, y convierte al aborto inseguro (clandestino) en la tercera causa de mortalidad derivada de la maternidad en el mundo.

En tercer lugar, porque representa un problema de salud pública No hay duda de que el aborto clandestino –producto de la penalización del aborto– es un problema de salud pública en la Argentina. Despenalizar y legalizar el derecho al aborto es una cuestión de salud pública porque, en Argentina, por ejemplo, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos. El 15% de esas interrupciones son de embarazos en niñas y adolescentes menores de 20 años (ya que en promedio 9 niñas por día acuden al sistema de salud a parir), mientras que aproximadamente la mitad de mujeres de entre 20 y 30 años según datos aportados por las compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.  Quienes llevan adelante un embarazo de riesgo ponen a su vez en riesgo en su salud, otras van presas, muchas que sufren tratos degradantes y muchas otras mueren, sobre todo jóvenes y pobres. El aborto practicado en condiciones de salubridad es menos riesgoso que un parto. En más del 95% de los casos es efectivo con pastillas y es una práctica que, cuando se realiza de forma idónea, no pone en riesgo futuros embarazos, no causa cáncer, ni infertilidad, ni afecta la salud mental. Por eso, y para garantizar efectivamente la salud de las mujeres, que es a su vez un derecho humano básico, el gobierno debe implementar la provisión universal de los servicios de anticoncepción (Ley 25.673), el cumplimiento de los abortos legales (art.86 inc. 1 y 2 del CP), así como el derecho y acceso a la educación sexual integral en todas las escuelas y niveles (Ley 26.150).

Y, por último, porque forma parte de un vacío legal. En nuestro país, las personas que quieren adoptar pueden hacerlo, es legal. Las personas que desean tener hijos y maternarlos pueden hacerlo, es legal. Las personas que quieren concebir y no pueden, la medicina les da recursos para hacerlo y es legal. Las personas que son violadas; abandonadas en un embarazo no deseado; que no eligieron la maternidad ni transitar 9 meses de sus vidas incubando una vida, recurren (aunque no le guste a nadie) a la clandestinidad, porque como no es legal, es clandestino. Todo lo que la ley no legisla pasa por manos de personas sin escrúpulos que lucran para llevar adelante abortos. La ley viene a evitar la clandestinidad, no obliga a nadie a abortar, ni a donar óvulos o embriones congelados, ni a adoptar ni a dar en adopción, porque todo eso ya está legislado. Viene a poner fin a una situación no regulada que lleva años de clandestinidad, muertes y silencios

A pesar de todo lo que todavía nos falta mejorar y seguir construyendo desde el Estado, confiamos que las instituciones democráticas van a legislar por nuestros derechos y defenderlos cada día.

Por eso hoy exigimos Educación sexual para decidir; anticonceptivos para prevenir y aborto legal para no morir

La maternidad será deseada o no será.

(*)  Docente, comunicadora. Co-directora de La ESI en juego. Columnista de Diario Digital Femenino

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